Represores condenados por delitos cometidos durante la última dictadura militar argentina recibieron el pasado 11 de julio la visita de un grupo de legisladores oficialistas: ¿qué hay detrás de este hecho?
Él es un símbolo de los crímenes cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983). Fue apodado “el ángel rubio” y también “el ángel de la muerte”. Alfredo Astiz cumple hoy condena a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos durante aquel período.
Sin embargo, hace poco más de un mes, este y otros genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, fueron visitados en la cárcel por un grupo de seis diputados nacionales de La Libertad Avanza, el partido gobernante.
Las críticas no se hicieron esperar, y resuenan aún hoy, alertando sobre la gravedad del hecho, sus implicancias, y su relación con otras de las políticas en curso.
“No fue inocente, ni un hecho aislado”, asegura, en diálogo con DW, Mónica Cuellar, integrante del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el organismo de derechos humanos fundado por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel.
Lo acontecido “se encuadra dentro de la política de este Gobierno, de desconocer a los 30.000 desaparecidos y ningunear a los organismos de derechos humanos”, lamenta.
“El hecho es muy grave”, afirma Carlos Pisoni, integrante de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Regional Capital, consultado por este medio. “Un diputado no debería poder visitar a violadores de mujeres, ladrones de bebés, secuestradores y ‘desaparecedores'”, critica.
“Un diputado que ocupa el cargo jurando por la Constitución Nacional, no debería contradecir con su accionar ese mandato”, reflexiona. “Y los genocidas han sido condenados en base a tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución argentina”, puntualiza.
Alternativas para la impunidad
“Creemos que esta ‘visita’ tuvo diferentes propósitos”, indica, por su parte, Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, alianza de organizaciones de derechos humanos de Argentina. Por un lado, “discutir algunas alternativas concretas para la impunidad, morigeración de penas o condiciones de detención de las personas que se encuentran detenidas por delitos de lesa humanidad”, sostiene.
“Por otro, instalar públicamente la idea de que estas personas están injustamente detenidas, o bien que no se respetan sus derechos, y que estos juicios son actos de venganza ideológica”, dice, en entrevista con DW, desde Buenos Aires.
“Pero esto es falso”, rechaza categórica. “Han sido juzgados respetando todas las garantías del proceso penal, y sus condiciones de detención están por encima de los estándares de las personas privadas de libertad en el país”, refuta la también integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Negacionismo en acción
“Estamos ante el negacionismo, porque ellos niegan la verdadera historia, lo que pasó verdaderamente en la época de la dictadura, quieren contar la historia que a ellos les conviene”, sostiene Carmen Arias, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, refiriéndose al actual Gobierno, en entrevista con DW.
“Lo que está en discusión hoy en día es quiénes cometieron el genocidio”, evalúa, en el mismo sentido, Pisoni. “Intentan justificarlo a través de lo que algunos académicos llaman ‘la última etapa del genocidio’: el negacionismo”, indica el integrante de H.I.J.O.S. “Negar lo sucedido, criticar a los familiares de las víctimas, poner en duda la cifra de desaparecidos”, describe Pisoni. Su madre y su padre se cuentan entre los desaparecidos del país.
Efectivamente, para Verónica Torras, el hecho también se inscribe dentro de un contexto más amplio: “La decisión de cancelar las políticas de memoria, verdad y justicia integra el programa del actual Gobierno desde la campaña electoral”, asegura.
“Con el correr de los meses, este propósito se tradujo en decisiones institucionales: desfinanciamiento, cierre de programas, despidos en áreas claves. Todo esto acompañado de un particular hostigamiento contra los organismos de derechos humanos, y una actitud sobreactuada de defensa y protección de las Fuerzas Armadas“, describe.
“Hay otros hechos alarmantes”, advierte, asimismo, Pisoni, “como el desmantelamiento de la CONADI -la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad-, un organismo del Poder Ejecutivo que lleva adelante la búsqueda de los 300 niños apropiados que aún siguen buscando las Abuelas (de Plaza de Mayo)“, detalla.
¿Globo de ensayo?
Así las cosas, el episodio de la visita en la cárcel a los genocidas condenados es interpretado también como un globo de ensayo, una suerte de prueba de estrés de los límites y consensos en la sociedad en su conjunto.
“Yo creo que también fue probarnos a ver la reacción. Afortunadamente, la gran mayoría reaccionó en contra, porque fue realmente una provocación al pueblo”, analiza la Madre de Plaza de Mayo.
“Fue una prueba, y les fue mal”, evalúa también el integrante de H.I.J.O.S.
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