Editorial.
La reciente decisión de suspender el 83% de los programas de USAID en Colombia representa mucho más que un recorte presupuestario. Es una señal alarmante para el futuro de un proceso de paz ya frágil, y una amenaza directa a miles de comunidades que han encontrado en la cooperación internacional una vía para superar décadas de conflicto armado, exclusión y pobreza.
Durante más de dos décadas, Estados Unidos ha sido el mayor donante de ayuda internacional a Colombia en el hemisferio, canalizando hasta 440 millones de dólares anuales para más de 80 programas en temas de paz, desarrollo rural, justicia, seguridad y derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el compromiso se intensificó: más de 1.500 millones de dólares han sido destinados a su implementación, representando el 42% de toda la ayuda internacional recibida en este ámbito.
Pero ahora, con el recorte unilateral de fondos, programas clave como Jóvenes Resilientes —que ofrecía alternativas de vida a jóvenes vulnerables frente al reclutamiento de bandas criminales— y Juntanza Étnica, que promovía la participación y el desarrollo de comunidades afrocolombianas e indígenas, han tenido que cerrar o paralizarse abruptamente. Más de una veintena de ONG han cesado sus actividades, afectando directamente la ejecución del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
La consecuencia es clara: territorios que comenzaban a consolidar procesos de reconciliación y desarrollo volverán a quedar a merced de la violencia, el narcotráfico y el abandono estatal. El riesgo es especialmente alto en regiones históricamente olvidadas, donde la presencia del Estado ha sido reemplazada por el accionar de grupos armados. La falta de continuidad en estos programas puede revertir años de esfuerzos y sacrificios, generando una nueva ola de desplazamientos, pobreza y reclutamiento forzado.
Aunque otros países —como Suecia, Alemania, Canadá, Irlanda y España— han mantenido su apoyo al proceso de paz, y el gobierno colombiano ha destinado más de 50 billones de pesos hasta 2027 para su implementación, lo cierto es que el vacío dejado por USAID es inmenso, tanto en términos financieros como de experiencia técnica y articulación institucional.
El mensaje es inquietante: cuando más se necesita estabilidad, compromiso y cooperación, el principal socio internacional de Colombia decide retroceder. Y lo hace sin transiciones, sin gradualidad, y sin medir el impacto humano de su retiro. Lo que se pierde no es solo dinero. Se pierde tiempo. Se pierde confianza. Y se pierde, sobre todo, la esperanza de una paz duradera.
