Los representantes de las y los trabajadores de la Asistencia Judicial han decidido radicalizar su posición y suspender el servicio de forma indefinida a partir del mes de abril.
Tras un Paro de Advertencia desarrollado el 26 y 27 de marzo en todo el país, cerca de 3000 trabajadores y trabajadoras de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) han decidido paralizar sus funciones de manera indefinida a partir del 2 de abril. Así lo informaron desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), organización que agrupa a las organizaciones gremiales funcionarias.
El motivo es el quiebre total en las negociaciones sostenidas con autoridades del Ministerio de Justicia, quienes a juicio de los dirigentes de Fenadaj, “han sido profundamente displicentes, ignorando las legítimas necesidades y demandas de trabajadores y usuarios”.
Falta de dotación suficiente, escasez de recursos e infraestructura en los Centros Socio-Jurídicos, postergación en el reemplazo de licencias médicas, casos recurrentes de daño a la salud mental son solo algunos de los puntos que guían esta paralización, sumado al incumplimiento de un protocolo de homologación suscrito en agosto del 2023 para mejorar especialmente la condición salarial de los estamentos más precarizados, firmado por el entonces subsecretario, hoy ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
En este contexto y en medio de las manifestaciones de este miércoles y jueves, el presidente de Fenadaj, Marcelo Inostroza, acompañado por los presidentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), enfatizó que las Corporaciones de Asistencia Judicial son “el más grande estudio jurídico del país y el mejor”.
“Nosotros nos hacemos cargo de las personas más vulnerables y sus necesidades mediante la tramitación, entre otras, de demandas de alimentos, despidos injustificados y la protección de niños, adolescentes y adultos mayores a través de nuestras líneas específicas”, aseveró.
