De tener “uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado” a que el sistema de justicia se haya convertido “en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión”.
Con ambas declaraciones sobre Guatemala –la primera se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, expulsada en 2019– la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió la evolución vivida en los últimos años por el país centroamericano, que este domingo celebra la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales en un clima de alta tensión.
Esta tendencia desembocó en una creciente criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. Así, cerca de 40 operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y una veintena de periodistas que los investigaban acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.
Denuncian ser víctimas de una campaña para silenciar voces críticas contra el actual gobierno y cualquier investigación que pudiera salpicar sus intereses. “En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia”, condenó la organización Human Rights Watch (HRW) en una visita realizada al país en abril.
Aunque se refirió en pocas ocasiones a estas acusaciones, el presidente saliente Alejandro Giammattei sí las rechazó tajantemente el año pasado cuando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala entre los países que vulneran los derechos humanos.
El mandatario negó que exista “un ejercicio abusivo del poder” ni “una infracción sistemática de la independencia del poder judicial, y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado”, tal y como señaló el organismo internacional.
También criticó que el informe cuestionara los procesos en curso contra fiscales y jueces que, en su opinión, “abusaron de su poder en el fuero interno y violaron el debido proceso (…). Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad”, denunció.
BBC Mundo solicitó una entrevista a Presidencia del gobierno de Guatemala, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.
Es en este complicado contexto que el país se prepara para elegir este domingo a su próximo presidente. De hecho, algunos de los aspirantes acabaron igualmente en el exilio y varias de las propuestas electorales presentadas también fueron bloqueadas por los tribunales.
A punto estuvo de correr la misma suerte Bernardo Arévalo, uno de los dos candidatos que compiten en esta segunda vuelta. La Fiscalía llegó a ordenar la suspensión de su fórmula al frente del progresista Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en la formación del partido, lo que causó una gran indignación e incertidumbre.
Finalmente, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la suspensión alegando que ningún partido puede ser cancelado en el transcurso de unas elecciones. Aunque las investigaciones judiciales sobre Semilla y el proceso electoral continúan, Arévalo se enfrentará finalmente a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de la ex primera dama Sandra Torres, quien transitó desde la socialdemocracia hacia un mayor conservadurismo en la actualidad.
Días antes de la celebración de la primera vuelta de las presidenciales, BBC Mundo habló con tres guatemaltecos que hoy viven en el exilio y que denuncian haber sido objeto de esta criminalización: un ex fiscal anticorrupción, un periodista y un aspirante a vicepresidente cuya candidatura para las elecciones fue bloqueada por los jueces.
La salida de la Cicig
Juan Francisco Sandoval, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, tiene muy claro que el parteaguas de esta situación fue la expulsión de la Cicig hace cuatro años.
“El hecho de que en algunas investigaciones se descubriera cómo la élite política era usuaria del sistema corrupto y financió ilícitamente la campaña política del anterior presidente (Jimmy Morales, quien ordenó la salida de la comisión) marcó el inicio del fin”, le dice Sandoval a BBC Mundo desde Estados Unidos, donde vive después de que fuera destituido de su cargo en 2021.
Sandoval conoce bien el funcionamiento de la Cicig, el grupo de Naciones Unidas que apoyó al Ministerio Público en el que él trabajó durante más de 15 años y con el que se llevaron a cabo algunas de las investigaciones anticorrupción más sonadas del país, como la que acabó con el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta en la cárcel.
La comisión fue creada a finales de 2006 por un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco presidido entonces por Óscar Berger. El objetivo, según el mandatario, era mejorar la capacidad de las autoridades para investigar y procesar penalmente las actividades delictivas en el país.
Y aunque Sandoval reconoce que el trabajo de la comisión no fue perfecto, rechaza críticas que el organismo recibió en su día, como el de una excesiva injerencia en la justicia nacional o la de que promovía períodos de prisión preventiva demasiado largos.
“El trabajo de la comisión fue tan exitoso que descubrió el uso del sistema corrupto del país y nuestro sistema judicial empezó a funcionar”, defiende quien fuera condecorado por EEUU con el premio “Campeones Internacionales Anticorrupción”.
A partir del fin de la Cicig, asegura, el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para defender al presidente de turno (Morales primero, y Alejandro Giammattei desde 2019) y perseguir a quienes no fueran afines a sus ideas. Y fueron sus investigaciones a las altas esferas de poder y las élites empresariales, denuncia, las que determinaron su despido.
Poco después de salir del cargo, llegó la primera de las cinco órdenes de detención dictadas contra él por la supuesta comisión de delitos de denegación de justicia, tráfico de influencias u obstaculizar la acción penal, entre otros.
“Todo por haber realizado mi trabajo. Esos cargos darían risa en cualquier contexto con el debido proceso, pero en Guatemala es una tragedia porque no existen herramientas reales para defenderte”, dice.
Preguntado sobre Sandoval semanas antes de su destitución, el presidente Giammattei lo criticó por lo que consideró una politización de la lucha contra la corrupción.
“Cualquier ser humano tiene derecho a tener una ideología. El problema es cuando usted traslada su ideología a sus acciones y, más grave aún, cuando usted es el encargado de velar por la justicia”, le dijo el presidente a la agencia Reuters en 2021.
La fiscal general
Aunque si hay un nombre que se repite al hablar de la mayoría de estos casos de jueces y periodistas criminalizados es el de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.
En el cargo desde 2018, sus críticos le atribuyen liderar una campaña de persecución en su contra, e incluso Estados Unidos la incluyó en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos” por obstaculizar la justicia.
Sandoval asegura haberla “sufrido” durante el tiempo en que coincidieron en el Ministerio Público (“tres años y cuatro meses”, repite en varias ocasiones) y coincide con el señalamiento de Washington.
“Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran”, acusa.
El responsable de comunicación del Ministerio Público guatemalteco, sin embargo, rechazó las acusaciones de persecución a figuras críticas con el gobierno o de supuesta falta de independencia del sistema judicial.
“En lo que corresponde al Ministerio Público, que es investigar las denuncias que se presentan, en cualquier investigación que se desarrolla siempre se ha observado el debido proceso mediante una investigación desarrollada con imparcialidad, transparencia y con sustento legal”, le dijo a BBC Mundo.
Por este supuesto trato de favor, a Sandoval no le extraña que Giammattei decidiera renovar a Porras en su cargo el año pasado. Durante el acto que extendió su cargo por cuatro años más, el presidente cerró filas en torno a la fiscal y dijo que “los señalamientos mediáticos o políticos (…) no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez”.
En un evento celebrado el pasado mes de mayo, Giammattei se reafirmó en su elección “a pesar de la intromisión de algunos” y de las “advertencias y amenazas” para no nombrarla.
Morales y Giammattei
Al actual presidente y a su predecesor, Jimmy Morales, los conoció de cerca Jordán Rodas, quien ejerció como procurador de Derechos Humanos en Guatemala entre 2017 y 2022. Y durante ambos mandatos, asegura, sintió temor por su vida e integridad.
El motivo es que muchos lo consideraron como una auténtica piedra en el zapato para ambos gobiernos al no haber dejado de denunciar los abusos de poder: desde los supuestos actos de corrupción con la compra de vacunas durante la pandemia a la represión desmedida del ejército contra la caravana migrante hace dos años, entre muchos otros casos.
Tanto es así que Morales, asegura Rodas, lo apodaba “amparitos” por la cantidad de amparos judiciales que interpuso ante situaciones como la ruptura unilateral del acuerdo de colaboración con la Cicig. A Giammattei, por su parte, lo acusa de “autoritario y corrupto, igual o peor que su predecesor”.
Tras protagonizar un mandato tan incómodo para el poder, Rodas decidió exiliarse el mismo día en que finalizó su cargo en agosto del año pasado. “Temía por mi seguridad y por la criminalización que pudieran hacerme, dado que hoy toda la institucionalidad está orquestada para garantizar la impunidad al actual régimen”, le dice a BBC Mundo desde España.
Y, como anticipaba, la acusación no tardó en llegar. Ocurrió poco después de proclamarse candidato a vicepresidente junto a la líder indígena Thelma Cabrera como cabeza de lista por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), una de las pocas alternativas a las propuestas electorales más conservadoras o de derechas en las próximas elecciones.
Fue precisamente su sustituto en la Procuraduría de Derechos Humanos quien lo denunció por supuestas irregularidades en la solicitud de indemnización al finalizar su puesto. Esto fue usado por los tribunales para invalidar su candidatura electoral, al considerar que no podía garantizar la ausencia de cuentas pendientes con el Estado.
“Pero en mi caso no hay una sentencia firme, por lo que se trata de un claro bloqueo desde el propio Estado a nuestra candidatura. Es decir, que ya antes de las votaciones hay fraude en la elección presidencial”, denuncia.
Después llegaría la anulación de otros dos candidatos presidenciales, en su caso por denuncias interpuestas por otros partidos políticos: la de Roberto Arzú, al considerar que realizó una campaña anticipada; y la de Carlos Pineda, quien aparecía como primero en varias encuestas de intención de voto y que quedó fuera de la contienda electoral a menos de un mes por supuestas irregularidades en la asamblea que lo designó candidato.
Ataques a la prensa
La prensa independiente ha sido otro de los objetivos en Guatemala.
El caso con mayor repercusión fue la condena en junio a seis años de cárcel por lavado de dinero de José Rubén Zamora, uno de los mayores exponentes del periodismo de investigación en el país y fundador del emblemático medio elPeriódico.
Su colega Juan Luis Font, quien fue director de dicho rotativo, siguió el caso con “preocupación y consternación”. Tras más de 30 años de carrera dedicados a denunciar tramas de corrupción en los medios donde trabajó, el Ministerio Público también mencionó a Font en varios casos como sospechoso, aunque no llegó a formular cargos.
El más avanzado es el de un ex ministro de Comunicaciones, preso por corrupción, que asegura haberlo sobornado a cambio de una cobertura mediática beneficiosa. Las sospechas de que una acusación formal podría llegar en cualquier momento le hicieron abandonar Guatemala, a donde regresaba esporádicamente para realizar su programa radial y televisivo ConCriterio sin revelar su ubicación.
“Estoy convencido de que hice lo correcto porque pueden dictarme una orden de captura con cualquier argumento y mi capacidad de defenderme sería muy escasa, como ha sido la de Zamora (quien tuvo que cambiar de abogado en varias ocasiones después de que fueran también acusados por la Fiscalía)”, le dice a BBC Mundo Font desde Estados Unidos.
Si bien cree que el acceso a la información es cada vez más limitado, Font asegura que los periodistas en Guatemala aún pueden “informar y moverse con bastante libertad”, en un escenario aún lejos del que sufren los comunicadores de la vecina Nicaragua.
“El actual gobierno tiene cooptadas todas las instituciones que juegan un rol en el sistema de justicia y en el sistema de control frente al Estado”, afirma.
Expectantes ante elecciones
Tras el inesperado pase del candidato Arévalo a segunda vuelta, los tres entrevistados seguirán expectantes desde el exilio el resultado de las elecciones de este domingo en su país para conocer cómo podría influir en su futura situación.
Rodas cree que la solución pasa por una reforma que garantice la independencia del sector judicial. “Y necesitamos el acompañamiento nuevamente de una comisión internacional. Nuestro sistema de justicia aún es muy poroso hacia el crimen organizado y la corrupción”, reflexiona.
Sin embargo, Torres ya descartó de plano la reimplementación de algo similar a la Cicig, consciente del rechazo que provoca la idea en parte de la población y en las élites económicas. También evitó pronunciarse de manera clara sobre los ataques a los operadores de justicia y respaldó abiertamente la labor de la fiscal Porras.
Arévalo tampoco se plantea el regreso de la Cicig, aunque en su programa electoral apuesta la creación de un gabinete específico anticorrupción y una comisión de vigilancia, autónoma del gobierno, con el mismo objetivo.
Y aunque el candidato de Semilla aclaró que no podría interferir como presidente al existir causas judiciales, sí expresó su deseo de que los ex fiscales exiliados pudieran regresar a Guatemala y dejó la puerta abierta a que algunos de ellos pudieran asesorarle en su lucha contra la corrupción al frente del país. Además, avanzó que pediría la renuncia de Porras de llegar al poder.
Sandoval, Rodas y Font esperan por su parte regresar tarde o temprano a su país, aunque admiten que no lo ven fácil.
“Ahora no puedo porque me detendrían y sería la piñata de todos los corruptos. Tiene que cambiar la situación política del país”, asegura el juez.
“Lo que estamos viviendo es muy triste y demasiado injusto”, concluye.
BBC News Mundo en México y Centroamérica por Marcos González Díaz
