La Corte Suprema revisó un recurso de protección presentado por la comunidad del Melón contra la empresa minera Anglo American S.A. y revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ordenando al municipio de Nogales “adoptar todas las medidas necesarias” para asegurar un abastecimiento de agua no inferior a 100 litros diarios por persona.
En este escenario la organización ambientalista Greenpeace enfatizó que “esta sentencia de la Corte Suprema, que asegura un abastecimiento no inferior a 100 litros de agua para la localidad de El Melón, sólo revela cómo en Chile hemos normalizado que el Estado compre el agua que entregó gratis para llevarla en camiones aljibes a la población, ello pese a que el consumo del agua representa el 2% del agua disponible y que el 98% está en manos de privados como Anglo American”.
Desde la ONG explican que el fallo de la Corte Suprema sólo profundiza el conflicto por el agua en esta localidad, ya que al indicar que el municipio es el encargado de la distribución del agua está señalando que es el mismo Estado el que debe asegurar el derecho humano al agua y no reconoce que éste ha sido el responsable del sobre otorgamiento de derechos de agua para las grandes empresas como Anglo American.
Según Greenpeace, la Región de Valparaíso es claro ejemplo de las consecuencias de una gestión deficiente del agua, donde actualmente se han sobre otorgado más de siete veces los derechos de agua existentes. Ya para el año 2017 casi el 92% de la población que se abastece de agua a través de sistemas de agua potable rural, sufrió interrupciones en el suministro de agua. Asimismo, movimientos territoriales han logrado evidenciar desde hace años el grado de vulneración y violación a sus derechos humanos provocados por la utilización del agua para usos industriales principalmente agrícolas y mineros.
Josefina Correa, directora Política de Greenpeace, explica que “El uso desmedido de sus derechos de agua de la empresa a través de la Mina El Soldado, es brutal. Mientras Anglo American alcanza más de 453 litros por segundo, en derechos totales otorgados de agua, toda la población de El Melón debe conformarse con sólo con los 55 litros. No son ni los municipios ni la Corte Suprema quienes deban hacerse cargo de las condiciones de acceso al agua de los habitantes, sino un nuevo modelo de gestión del agua que comienza con la redacción de una nueva Constitución la que debe asegurar que todas las personas, sin importar condición económico social, tienen el derecho a acceder a agua potable en cantidad y calidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas”.
En Chile, la escasez de agua afecta a casi 1 millón de personas que hoy no tienen acceso asegurado al agua quienes presentan altos índices de vulnerabilidad social, ambiental y económicas. Asimismo 383.204 viviendas no cuentan con agua potable. A estas viviendas se suman, cerca de 350.000 personas que se ven afectadas por cortes de suministro de agua potable rural. Estos cortes afectan mayoritariamente a las regiones de Valparaíso (60% de los sistemas de agua potable rural), Tarapacá (51%), Arica-Parinacota (46%), Antofagasta (40%) y Atacama (40%).
Respecto a la indicación que señala a la Municipalidad de Nogales como la responsable de implementar el plan de entrega de agua potable, la representante de Greenpeace indicó que “poco a poco los problemas de la crisis hídrica se endosan a servicios públicos con baja capacidad de ejecución, como los municipios, cuando la verdadera urgencia es que el Estado recupere el agua y garantice el acceso en cantidad y calidad para cubrir las necesidades básicas de las personas y los ecosistemas”.
Desde la ONG afirmaron que es urgente avanzar en las reformas a la gestión del agua, que ponga en el centro la vida, abordando los cambios por acceso al agua en la Constitución, la reforma al modelo de gestión implementado por el Código de Aguas, el avance en la protección de ecosistemas hídricos claves – glaciares, salares, turberas y humedales-, y en el manejo integrado de cuencas, entre las cosas más prioritarias.
