La medida causó una polémica entre la cartera de Transportes y las aplicaciones, quienes comenzaron campañas por diversas plataformas.
El próximo 19 de enero vence el plazo para que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) otorgue un reglamento que concrete la regulación a las aplicaciones de transportes, tales como Didi, Uber o Cabify.
Esto, luego de que en abril de este año se publicara la Ley 21.553, denominada “Ley Uber” y que constituye a un marco normativo que ordena a las empresas de aplicación de transportes (EAT), con la que se estableció un plazo de 9 meses para conocer el dictamen del MTT.
El borrador que, en caso de ser aprobado, se pondrá en vigor 30 días posteriores a su publicación, se dio a conocer en el mes de septiembre y en el que se advirtió que las empresas deberán fijar una residencia en el país.
En cuanto a las exigencias, la autoridad estimó que los conductores deberán contar con la licencia Clase A2, puesto que habilita a choferes a transportar usuarios, además de ser la exigencia para los taxistas.
Otro punto es que deberán iniciar actividades en el Servicio de Impuestos Internos bajo el giro de transporte remunerado de pasajeros, junto con contar con seguros en casos de accidente.
Respecto de los vehículos, estos podrán tener una cilindrada mínima de 1,4, que cumplan con la revisión técnica cada seis meses y los autos no deben tener una antigüedad que supere los siete años.
Estas exigencias impedirían que algunas personas puedan ejercer su labor de transportistas públicos mediante las aplicaciones.
Debido a esto, las aplicaciones se agruparon y dejaron a la exparlamentaria Marcela Sabat como su representante. Al mismo tiempo, Uber lanzó una campaña en una página de internet y con el hashtag “Deja Moverme”, que fue contestada por el MTT con “Muévete sin Miedo”.
De acuerdo con la vocera, sostuvo que “hoy son cerca de 220 mil personas las que en Chile reciben ingresos vía aplicaciones. Y si bien creemos que una nueva normativa es una noticia positiva, el proceso debe ser cuidadoso para evitar impactos negativos, como más desempleo”, apuntó.
Al respecto, el ministro (s) del MTT, Jorge Daza dijo a T13 Radio que “la campaña de las aplicaciones confunde a la ciudadanía. Deberían estar ocupadas en ajustarse a la ley más que en una campaña. No estamos contra ellas ni a favor de los taxistas. Queremos regular y profesionalizar un mercado que lleva diez años sin normas, para darles más seguridad a los pasajeros y a los propios conductores”.
Desde el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la U. Diego Portales, el director del centro, Juan Bravo, dijo a Publimetro que “está bien que se busque normar estas aplicaciones”, pero “lo que no nos parece bien es la forma tan polarizada en la que se ha dado la discusión sobre el tema. Y no porque detectemos efectos negativos en el empleo eso significa que se hagan llamados a no regularizar”.
Agregó que “son dos cosas diferentes… La regulación debe ser adecuada y bien implementada, para mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios”, ya que el 90% de los conductores no podría seguir trabajando en estas aplicaciones y cerca de 36 mil personas quedarían cesantes.
Por eso Bravo declaró que “el meollo de nuestro estudio indica que hay que mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios y, en ese sentido, es válido exigir una licencia Clase A2”, sostuvo.
“Pero lo de cilindrada mínima dejará fuera a muchos conductores sin mejorar calidad ni seguridad. Ese punto no tiene una justificación técnica adecuada, y lo mismo pasa con la antigüedad de los autos. Sobre ello dicen que es hasta siete años, pero bien podrían ser seis u ocho. ¿Qué avala que desde los siete años se perjudica la calidad del servicio y la seguridad de los pasajeros?”, cuestionó el docente de la institución.
El diputado de RN y miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Mauro González destacó que “sin duda alguna, la ley debe entrar a regir” y, pese a que “esta ha sido una legislación bastante polémica y ha costado ponerla en marca, es entendible la preocupación que hay debido a la gran cantidad de personas que están trabajando como conductores de aplicación y que podrían ver afectadas sus fuentes laborales”.
Sin embargo, el parlamentario se refirió a que “el tema de fondo es la necesidad de regular por ley a estas aplicaciones de movilidad, pues están transportando a pasajeros y se debe velar por la seguridad de ellos. Las exigencias que se piden son las mismas que cumplen los taxistas, quienes deben pagar su permiso, tener licencia profesional y contar con vehículos adecuados para su labor. Por lo mismo, es importante que el tema del reglamento quede zanjado pronto y que sean escuchados todos los actores involucrados, para mitigar los efectos negativos”
Finalmente, González dijo que las campañas de las aplicaciones no aportan y que “no corresponde intentar meter presión” a través de ellas, “sino que se debe informar a los conductores y pasajeros de forma clara”.
