La iniciativa, que refuerza la Defensoría de Víctimas de Delitos como un servicio descentralizado, fue impulsada por el caso de un asesinato ocurrido en San Antonio en 2008.
ras aprobarse de forma unánime, con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea un nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. La iniciativa, que se impulsó tras el asesinato de un joven sanantonino en el año 2008, ahora pasará al Senado.
Esta nueva institucionalidad contará con un presupuesto de alrededor de 13 mil millones de pesos y otorgará asesoría, representación jurídica y atención integral a las víctimas de delitos.
La diputada sanantonina (Comunes), valoró la instancia destacando que “el acceso a la justicia es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas puedan recurrir al sistema de justicia con la posibilidad de obtener tutelas jurídicas de sus derechos y una respuesta efectiva a sus necesidades legales”.
De acuerdo a lo expresado por la parlamentaria, la creación de esta institución como un servicio descentralizado dotado de personalidad jurídica, de patrimonio propio y además sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos “es una necesidad y tenemos que cumplir con aquello”.
El proyecto de ley, según explica la diputada, crea al alero de este servicio la Defensoría de las Víctimas de Delito “y es crucial que, a través de esto, además se van a consolidar los dos principales programas públicos que hoy existen, que son los CAP, los Centros de Atención Integral a Víctimas, y también el Programa de Apoyo a Víctimas. Eso va a permitir generar un modelo de desarrollo común de intervención que precisamente va a buscar mejorar la atención a las víctimas de delito”.
Rojas argumentó que “este proyecto partió con mil millones, se aumentó a dos mil millones en la administración anterior. Este gobierno le puso trece mil millones, eso es clave. Por lo tanto, creo que es fundamental ese aumento sustantivo de recursos, precisamente para que este proyecto sirva a las personas. Así que agradezco, por supuesto, al ministro y al gobierno del Presidente Gabriel Boric”.
Durante la sesión de la sala de la Cámara, Rojas agradeció la presencia en la gradería de Margarita González y a Víctor Martínez, madre y padre de Alejandro Martínez, quien en 2008, fue cruelmente asesinado en San Antonio. “Esto ya fue hace 15 años y, tanto Margarita como Víctor, han dado una incansable lucha, precisamente para que exista una defensoría de las víctimas y para que las familias que enfrentan crímenes de este carácter no queden ante el desamparo y la falta de representación que ellos vivieron”.
Víctor Martínez, padre de la víctima a quien alude el nombre de a ley, indicó que nosotros “el año 2009, nos hicimos el propósito de que las víctimas tuvieran una defensoría, ya que en el caso de nosotros no tuvimos nada, absolutamente nada, y teníamos que contratar a un abogado particular. A lo que yo siempre dije, ¿por qué para hacer justicia había que contratar a un abogado particular? Cuando debiera el Estado proporcionarnos un defensor, lo cual nosotros siempre nos dijeron que estaba el fiscal, pero el fiscal es un defensor del Estado, no de las víctimas”.
