Las recientes diligencias se realizan tras las denuncias que realizó el ministro Montes, aseguró Camila Vallejo.
Este jueves, la Brigada de Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbaniso (Minvu) en el marco de la investigación del bullado Caso Convenios y que se vincula con las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano.
El fiscal jefe de la Fiscalía de Iquique, Eduardo Ríos, en conjunto con los uniformados, irrumpieron en la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, la División Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios.
La indagatoria está relacionada a los convenios “suscritos desde 2021”, pero en agosto del año vigente se realizó un traspaso monetario de más de mil millones de pesos desde la Seremi de Tarapacá a la fundación En Red Social, mientras que a Enlace Urbano se le hizo un contrato por $782 millones.
La secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, posterior al allanamiento dijo a la prensa que el operativo es “fruto de una denuncia que el mismo ministro (Carlos Montes) interpuso contra un exfuncionario del ministerio, que renunció cuando asumimos el Gobierno, que venía de la administración anterior y puso su renuncia en mayo del año pasado”.
Tras el bullado caso, que también vincula a Democracia Viva, la ministra hizo hincapié en que el Minvu se encuentra ejecutando acciones, a fin de “enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el Caso Convenios”; y que de dichas acciones, ya puso cinco denuncias y querellas, donde se establecieron responsabilidades políticas.
Respecto al exfuncionario, corresponde a Aldo Bastidas, un arquitecto que ingresó al Minvu en el primero gobierno de Michelle Bachelet y que era analista del Programa Asentamientos Precarios y, paralelamente, fue jefe técnico de la fundación En Red Social.
Además, el ministro Carlos Montes aclaro que no responderá a la solicitud de la oposición, por lo que no renunciará a su cargo y se defendió con que hubo falta de respuestas a las solicitudes del Ministerio Público.
En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que la Fiscalía envió cuatro oficios, pero solo se respondieron tres “y uno quedo como complementario a los anteriores, quedó extraviado en el camino, pero hoy se están entregando”.
A su vez, el fiscal Ríos destacó que “fue muy bien aclarado por el señor ministro. Estamos conformes con la respuesta” y que “se trata de antecedentes con procesos administrativos de proyectos, de estos convenios y fundaciones”, puntualizó.
Además, la PDI allanó el Servicio de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, donde se encontraron antecedentes sobre el convenio de 2021 con la fundación Arquiduc y que implica a un funcionario de la Seremi y que era miembro de la fundación en cuestión.
En cuanto a los traspasos a Democracia Viva, los convenios se acordaron –en primera instancia– por $426 millones desde la Seremi de Antofagasta con vinculación directa a personeros de Revolución Democrática (RD).
Debido a lo anterior, Carlos Contreras, secretario regional de la entidad de Gobierno comunicó que “de acuerdo a mi conocimiento”, el pasado 7 de junio Presidencia recibió un informe donde se daba cuenta del pacto.
En el comunicado destacó que en dicho trato “se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario. Digo esto para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi”.
