Manuel Adorni dijo que buscarán combatir el enriquecimiento ilícito entre las personas que ejercen cargos públicos en Argentina.
Argentina creará una Fiscalía para investigar posibles casos de corrupción entre personas con cargos públicos, indicó este jueves el portavoz presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo).
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “va a sugerir en lo inmediato al procurador general de la nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos”, especialmente en los supuestos de “enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”, aseveró.
“Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito”, dijo el vocero presidencial, quien detalló que las investigaciones pueden abarcar a funcionarios públicos nacionales y provinciales, así como de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. “Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio”, insistió Adorni.
Cúneo Libarona declaró a mediados de enero, en una entrevista radiofónica, que el objetivo de esta Fiscalía será terminar con la “impunidad” y “perseguir más que nadie” los delitos de corrupción de quienes ejercen cargos públicos.
“El tema de la corrupción es prioritario”, reconoció entonces el ministro de Justicia, que aclaró que el nuevo órgano judicial funcionará bajo el Ministerio Público Fiscal.
Actualmente, Argentina cuenta con un Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, creada en 1999 durante la Presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), ya fallecido. Esta oficina es la encargada de velar por la prevención e investigación de las conductas de corrupción en la Administración Pública.
La Oficina Anticorrupción ha intervenido, presentándose como querellante, en casos que afectaron a varios expresidentes y funcionarios públicos. Los más sonados fueron los que involucraron a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condenada en diciembre de 2022 por la Justicia argentina por haber cometido “una corrupción estatal sin precedentes”, sentencia que ella apeló, y con varias causas pendientes.
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