La semana pasada, el TOP de San Fernando condenó a 6 años de cárcel al padre del senador. Sin embargo, la cautelar fue anulada recientemente.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya Zentilli, el empresario agrícola -padre del senador Javier Macaya-, acusado de cometer dos delitos de connotación sexual contra menores de edad.
En ese aspecto, el tribunal falló a favor del imputado, manteniendo el arresto domiciliario y arraigo nacional, ya que “la sola circunstancia de haberse comunicado la sentencia condenatoria, no justifica imponer la prisión preventiva efectiva, por cuanto si bien se eleva la convicción respecto de los presupuestos materiales, ello no hace variar necesariamente la necesidad de cautela, desde que no da cuenta de un incremento en el peligro de fuga”, consigna La Tercera.
Además, “los intervinientes no han dado cuenta de algún episodio que pueda calificarse como un incumplimiento de las cautelares impuestas, por lo que las mismas no pueden estimarse como insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual condena, contexto en el que la prisión preventiva efectiva impuesta por el tribunal a quo resulta infundada, lo que justifica revocar la resolución apelada”.
La resolución se dio luego de que la defensa presentara un recurso para impugnar la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando del pasado viernes 19 de julio, que lo condenó a seis años de cárcel por delitos de carácter sexual que propinó a una menor a sus 8 y 9 años, y contra otra menor en el año 2023.
Cabe destacar que Eduardo Macaya logró cumplir solo 72 horas de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, hasta la anulación de la sentencia.
Sumario de Gendarmería
Tras la sentencia de la Corte de Apelaciones, Gendarmería informó que abrirá un sumario administrativo para investigar el eventual trato especial hacia Macaya Zentilli durante su privación de libertad.
A través de un comunicado, la institución uniformada expuso que debido “al presunto trato preferencial respecto de una persona privada de libertad en el Complejo Penitenciario de Rancagua, en el contexto de un caso de connotación pública y según ha sido informado por medios de prensa, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo y designó un fiscal del nivel central”.
Esto, “a objeto de establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Lo anterior se debe a que algunos reportes de prensa expusieron que el padre del senador habría permanecido en la enfermería del recinto penitenciario a la espera de su clasificación, escribió Radio Universidad de Chile.
La resistencia Macaya
Corría el año 2023, a fines de mayo, cuando una denunciante entregó registros audiovisuales de situaciones de abuso sexual cometidas por Eduardo Macaya Zentilli a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que fue remitido a la Fiscalía para la entrevista con la joven afectada.
Posteriormente, se ordenó la detención del imputado, lo que se concretó a inicios de junio de ese mismo año.
Desde entonces, “la postura del entorno familiar del imputado es negar la ocurrencia de los hechos o que estos hechos no son delitos”, manifestó la fiscal a cargo del caso, Javiera Oro a Radio Biobío.
Esto, debido a que “lo que más le preocupaba a Macaya Zentilli era que no lo denunciara para no perjudicar a su hijo”, al senador Javier Macaya; situación que, sin duda, terminó por costarle la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
De hecho, el parlamentario señaló en Mesa Central de Canal 13 que su padre fue “grabado sin su consentimiento” con “un video bastante editado”, lo que deja entrever el apoyo a su progenitor.
Evitar la cárcel a toda costa
En abril de este año, el Ministerio Público de la Región de O’Higgins buscaba imputar con 12 años de prisión a Eduardo Macaya Zentilli, tras acusarlo de delitos sexuales contra cuatro menores de edad.
En esa oportunidad, el acusado quedó en prisión preventiva. Sin embargo, la defensa rápidamente gestionó el pago de una fianza de $150 millones para evadir la sentencia carcelaria.
Desde entonces se ha cuestionado un presunto trato preferencial de Eduardo Macaya, debido a la cuantiosa suma de dinero.
De hecho, La Tercera advierte que la defensa del aludido buscará agotar todos los recursos judiciales posibles para modificar su condena.
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