El magistrado aseguró que la decisión se basó en acuerdos internacionales y que tras conocerse la noticia recibió amenazas de muerte.
Este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, salió a aclarar las polémicas que rodean al juez Daniel Urrutia, tras darse a conocer que el magistrado autorizó a cuatro reos peligrosos del Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) con vínculos al grupo criminal venezolano Tren de Aragua a poder realizar videollamadas con el exterior, además del acceso a una visita íntima.
Desde el Juzgado declararon en un comunicado público que “el Tribunal mantiene la orden de comunicación que se le efectúen videollamadas a las personas que lo solicitaron dentro del contexto de la visita y Gendarmería verá si lo cumple o no y es su responsabilidad”.
Además, Meganoticias logró dar cuenta que “el Consejo Técnico puede adoptar las medidas que estime convenientes, pero usted entenderá que el Juez de Garantía lo que hace es controlar la actividad administrativa, esa es la función. Por lo tanto, en el uso de las funciones del Juez de Garantía –porque si no, no existe, no es necesario el Juez de Garantía, lo adoptan ustedes y el Consejo Técnico”.
Añaden que “Gendarmería responde al Ministerio de Justicia, es un órgano administrativo y este es un órgano jurisdiccional. Y la diferencia es que las órdenes judiciales se cumplen. Si no quieren cumplirlas, ustedes se hacen cargo de no cumplirlas. Es su responsabilidad administrativa y jurisdiccional en su caso. Porque si no, al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran”.
Sostuvieron que en lo particular las videollamadas se deben a que de esta manera “los hijos no pierden el derecho de ver o visitar a sus padres encarcelados”, la que debe realizarse en presencia de Gendarmería de Chile.
No obstante, desde la dirección penitenciaria acudieron a la Corte de Apelaciones con tal de que se retroceda en dicha medida cautelar, puesto que la institución no cuenta con las condiciones para vigilar a los reos.
Hasta entonces, no hay una certeza sobre el avance de la solicitud, mientras que la Fiscalía espera que se revoque la autorización, justamente por la peligrosidad de estar ligados al Tren de Aragua.
Amenazas de muerte
Radio Bíobio consignó que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago defendió la cautelar de los internos debido a amenazas de muerte.
En un informe del magistrado señaló que “Debo comunicar a SS Iltma, que a propósito del modo en que la noticia fue entregada a los medios de comunicación, he recibido más de siete amenazas de muerte por redes sociales, las cuales ya fueron denunciadas al Ministerio Público”.
Al respecto, el juez Urrutia aclaró que las medidas tienen sus bases en una serie de normas internacionales, en las que “recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares”, consignó La Cuarta.
El magistrado asegura que la cautelar “previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento”.
Además, el juez afirmó que se realiza “analizando caso a caso” y “sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones que se establecieron en las visitas”.
Sobre el encuentro íntimo, Urrutia dijo que el beneficio se otorgó porque ya lo había recibido antes, circunstancia en la que desplegaron “medidas de seguridad racionales”, cuya pareja provendría de la cárcel femenina y el imputado “no se encontraba sancionado con la prohibición de visitas”.
Reacción de Luis Cordero
El ministro de Justicia, Luis Cordero expuso a la prensa que “La posición del Ejecutivo es enfática sobre este tema. En primer lugar, es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad”.
En ese sentido, el secretario de Estado apuntó a que la legislación vigente “respecto a las comunicaciones de personas que están vinculadas a delitos de terrorismo, de narcotráfico y crimen organizado, la legislación establece la obligación de Gendarmería de tener especial vigilancia respecto a esas comunicaciones”.
Agregó que “En el pasado hemos tenido discrepancia con los jueces, que quiero recordar ahora que hace no muchos meses atrás existieron resoluciones judiciales que permitían las visitas respecto de personas que no estaban enroladas. Gendarmería recurrió a esas resoluciones y obtuvo decisión favorable, porque eso implicaba que personas que se avecindaban irregularmente en el país pudieran hacer visitas en establecimientos penitenciarios. Esa fue una objeción que realizó Gendarmería y tuvo su triunfo en tribunal. Y lo que está haciendo ahora es exactamente lo mismo”.
Cordero cerró con que “cada institución cumpla los roles que constitucional y legalmente le establece. Nosotros creemos que la decisión del juez Urrutia es ilegal. Las razones por las cuales son ilegales se han expresado en el escrito de Gendarmería, y el Ejecutivo y yo me he referido a ellas el día de hoy”.
