Con preocupación he seguido el avance del proyecto de ley Jacinta y sus propuestas. En sus inicios, esta buscó imponer nuevas exigencias para los adultos mayores que deseen solicitar o renovar su licencia de conducir.
Si bien se puede afirmar que las capacidades físicas de las personas cambian con el tiempo, dichos cambios no afectan a todas las personas mayores por igual, por lo tanto, no es razonable ni sensato asumir que todos los adultos mayores tendrán problemas de salud que les impidan conducir de manera segura. Dicha presunción, al ampararse en una arbitrariedad, lo convierte en un acto abiertamente discriminatorio. De hecho, muchas personas mayores son conductores que, en base a la experiencia y la prudencia, aplican con mayor severidad las reglas del tránsito, transformándolos en conductores más seguros y prudentes, incluso más que las personas jóvenes.
A pesar de la basal arbitrariedad, ahora se ha anunciado un nuevo articulado que busca ampliar a estas arbitrarias nuevas exigencias a todas las personas que deseen solicitar o renovar su licencia de conducir.
El nuevo articulado es, nuevamente, innecesario y discriminatorio. En lugar de continuar con un caprichoso proceso, las autoridades estatales deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la seguridad vial y adoptar medidas, tales como, el perfeccionamiento de la educación vial, el control del estado de las calles, puentes y caminos, el cumplimiento de las leyes de tránsito, entre otras medidas que aseguran la integridad personal de todos los conductores y peatones, independientemente de su edad o sus condiciones.
Abogado y académico U. Central
